¿Puede una Comunidad de Vecinos multar a un propietario?

El artículo 6 de la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre propiedad horizontal (en adelante, LPH) regula la convivencia entre los propietarios y el uso de los servicios y elementos comunes de los que goza la Comunidad, estableciendo la obligatoriedad de cumplir las normas del Reglamento de Régimen Interno pero, sin embargo, no dice nada sobre qué medidas tomar en caso de incumplimiento por los propietarios, inquilinos u ocupantes de esas normas.

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La primera forma de solucionar el problema sería la vía amistosa, exponiendo el caso en una Junta Extraordinaria y sus argumentos todas las partes afectadas para llegar a un acuerdo.

Pero, si no se llega a un acuerdo o, se vuelve a incumplir el Reglamento de Régimen Interno, ¿Puede la Comunidad de Propietarios imponer sanciones como la privación del uso de un elemento común o, sanciones económicas (multas) por la infracción de las normas del Reglamento de Régimen Interno?

Una solución podría ser la imposición de una sanción o multa económica por acuerdo, en sesión extraordinaria, de la Junta de Propietarios. Pero, en este caso, surgen una serie de dudas jurídicas en aras de garantizar los derechos del sancionado como su defensa ante la imposición de la sanción, el órgano ante quien recurrir la misma. Por todos estos motivos, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. (LRjAPyPAc), otorga la potestad sancionadora a la Administración Pública, mediante el correspondiente procedimiento administrativo (artículo 127.2 y Título IX, “De la potestad sancionadora”). Es más, en caso de aplicar dicha sanción, la Comunidad podría incurrir en un delito o falta de coacciones tipificado en el Código Penal. Por lo tanto, la Comunidad de Propietarios carece de capacidad coercitiva para imponer sanciones.

La única solución legal es acudir la vía judicial mediante una acción de cesación a través de un procedimiento ordinario establecido en el artículo 7.2 LPH, para el cese de las actividades de un propietario, inquilino u ocupante que resulten dañosas a la finca, o sean molestas, nocivas, peligrosas o ilícitas.

Es la única vía para demostrar las molestias a la Comunidad o, alguno de sus miembros, con la actuación del propietario que incumple las normas de régimen interno causando molestias al resto o, algunos de los propietarios.

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El procedimiento judicial y las medidas que puede adoptar el Juez son las siguientes:

  • El presidente de la comunidad, a iniciativa propia o de cualquiera de los propietarios u ocupantes, requerirá a quien realice las actividades prohibidas por este apartado la inmediata cesación de las mismas, bajo apercibimiento de iniciar las acciones judiciales procedentes.
  • Si el infractor persistiere en su conducta el Presidente, previa autorización de la Junta de propietarios, debidamente convocada al efecto, podrá entablar contra él acción de cesación que, en lo no previsto expresamente por este artículo, se sustanciará a través del juicio ordinario.
  • Presentada la demanda, acompañada de la acreditación del requerimiento fehaciente al infractor y de la certificación del acuerdo adoptado por la Junta de propietarios, el juez podrá acordar con carácter cautelar la cesación inmediata de la actividad prohibida, bajo apercibimiento de incurrir en delito de desobediencia. Podrá adoptar asimismo cuantas medidas cautelares fueran precisas para asegurar la efectividad de la orden de cesación. La demanda habrá de dirigirse contra el propietario y, en su caso, contra el ocupante de la vivienda o local.
  • Si la sentencia fuese estimatoria podrá disponer, además de la cesación definitiva de la actividad prohibida y la indemnización de daños y perjuicios que proceda, la privación del derecho al uso de la vivienda o local por tiempo no superior a tres años, en función de la gravedad de la infracción y de los perjuicios ocasionados a la comunidad. Si el infractor no fuese el propietario, la sentencia podrá declarar extinguidos definitivamente todos sus derechos relativos a la vivienda o local, así como su inmediato lanzamiento.

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Artículo 6 LPH: Para regular los detalles de la convivencia y la adecuada utilización de los servicios y cosas comunes, y dentro de los límites establecidos por la Ley y los estatutos, el conjunto de propietarios podrá fijar normas de régimen interior que obligarán también a todo titular mientras no sean modificadas en la forma prevista para tomar acuerdos sobre la administración.

 Artículo 127 LRjAPyPAc ( Principio de legalidad): 1. La potestad sancionadora de las Administraciones públicas, reconocida por la Constitución, se ejercerá cuando haya sido expresamente reconocida por una norma con rango de Ley, con aplicación del procedimiento previsto para su ejercicio y de acuerdo con lo establecido en este título y, cuando se trate de entidades locales, de conformidad con lo dispuesto en el título XI de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

  1. El ejercicio de la potestad sancionadora corresponde a los órganos administrativos que la tengan expresamente atribuida, por disposición de rango legal o reglamentario.
  2. Las disposiciones de este Título no son de aplicación al ejercicio por las Administraciones públicas de su potestad disciplinaria respecto del personal a su servicio y de quienes estén vinculados a ellas por una relación contractual. . Principio de legalidad. 1. La potestad sancionadora de las Administraciones públicas, reconocida por la Constitución, se ejercerá cuando haya sido expresamente reconocida por una norma con rango de Ley, con aplicación del procedimiento previsto para su ejercicio y de acuerdo con lo establecido en este título y, cuando se trate de entidades locales, de conformidad con lo dispuesto en el título XI de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
  3. El ejercicio de la potestad sancionadora corresponde a los órganos administrativos que la tengan expresamente atribuida, por disposición de rango legal o reglamentario.
  4. Las disposiciones de este Título no son de aplicación al ejercicio por las Administraciones públicas de su potestad disciplinaria respecto del personal a su servicio y de quienes estén vinculados a ellas por una relación contractual.

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